En su pieza de opinión del pasado domingo 6 de septiembre, publicada en el periódico El País y que llevaba por título “¿Tiene usted miedo?”, la escritora Elvira Lindo afirmaba lo siguiente: “echo en falta, para paliar el miedo fundado, que alguien aporte alguna idea sobre lo que podemos hacer desde nuestra posición de civiles sin poder en una sociedad tan poco organizada. [...] El diagnóstico es correcto, pero desconocemos el tratamiento, la cura inmediata para prevenir el desastre.”
Pues bien, tras haberlo pensado detenidamente, creo estar en disposición de compartir esa idea que la periodista y escritora echa en falta. Es simple, se llama Verdad y es opuesta al neologismo anglosajón con el que los políticos nos han convocado desde siempre a las urnas y hoy hemos dado en llamar Posverdad; a saber, y acudiendo al diccionario de la RAE: Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Ej. Los demagogos son maestros de la posverdad.
Ahí radica, en mi opinión, el origen de todos los males de esa enorme y abrumadora sociedad de “civiles sin poder”, como Lindo se refiere a la mayoría de nosotros, los ciudadanos de a pie. Pues las Empresas Políticas(1) —en adelante EPs— nos convocan, en los países con democracias consolidadas —en las dictaduras ni siquiera disponen de esa opción—, atendiendo a la Posverdad antes que a la Verdad; e, incomprensiblemente, entramos al engaño año tras año.
Hasta aquí lo que cualquiera sabe, pero ¿qué hacer entonces? Divido la exposición de la “idea” que Lindo reclamaba en tres bloques —Presentación, Propuestas y Consecuencias— desde los que abordo, de forma breve, las que entiendo cómo situación actual, una serie de propuestas para tratar de revertirla y las consecuencias que de ello se derivarían, de llegar a ponerlas en práctica.
Presentación:
Las EPs nos convocan a los ciudadanos a las urnas con el fin de alcanzar la legitimidad, no con una clara vocación de solucionar nuestros problemas; al menos, no como prioridad absoluta: “Los gobernantes nos cuentan sus problemas en vez de resolver los nuestros”, dibujaba El Roto en otra de sus magistrales viñetas.
Una vez alcanzada la legitimidad hacen de su capa un sayo y si te he visto no me acuerdo. Raro es el ciudadano que se muestra satisfecho con la confianza depositada en los políticos a quienes ha entregado el voto en las urnas. Y si lo está, es mediante un insano ejercicio de autocomplacencia, carente del más mínimo sentido crítico.
De tal modo que la asistencia de la ciudadanía a la convocatoria electoral resulta de suma importancia para las EPs, porque cuantos más votantes acudan a las urnas más justificadas quedarán sus propuestas, cimentadas sus intenciones, sean estas honestas o no. Manifiesto es el empeño que ponen, al final de cada campaña electoral, para que acudamos a votar: “La fiesta de la democracia”, argumentan cínicos.
El voto como único y débil mecanismo de expresión de la voluntad ciudadana, sin derecho a supervisión o réplica de aquello que se ha depositado en la urna. Las bochornosas sesiones de control al gobierno de los miércoles, las que debieran tener esa finalidad supervisora, acaban convertidas en un sonrojante cruce de acusaciones propio del patio de un penal; ni siquiera de un colegio, con el que a menudo se las compara. Y si el voto no obedece a lo prometido en campaña, allá penas. Un ejemplo: Pedro Sánchez justificó el pacto con Junts, tras prometer que no pactaría con esa fuerza política, con las siguientes palabras: “hacer de la necesidad virtud”. Como consecuencia, los españoles llevamos dos años sin presupuestos.
Así, los ciudadanos permitimos que la legitimidad obtenida en las urnas —poderosa e irreversible hasta la siguiente convocatoria electoral—, se sustente en la mentira, la ocultación y la manipulación a que nos vemos abocados a lo largo de campañas electorales sin principio ni fin; las que desembocan en un poder tan irrevocable como falso, pues se ha logrado mediante el engaño, las medias verdades, el silencio o la negación de aquello que resulta incómodo abordar, por impopular.
En este punto, traigo a colación dos palabras opuestas, en apariencia similares:
Promesa: aquello que todas las EPs ofrecen en campaña, sin excepción, y de las que más adelante podrán desdecirse si no ponen en práctica, pues no quedan ligadas a un…
Compromiso: de nuevo acudimos al auxilio de la RAE, que define este en tres de sus entradas como “1. obligación contraída, 3. acuerdo pactado entre distintas partes y 8. escritura o instrumento en que las partes se otorgan un compromiso, a tenor de la primera, tercera y octava acepciones del diccionario de la lengua española.
Aunque el mentado ejemplar contemple ambas como sinónimas, a nadie se le escapa el alcance y distinto significado de una y otra. Veamos, para ilustrarlo, dos ejemplos tan simples como esclarecedores. En términos coloquiales, promesa es la que se hace a un novio o novia de guardar amor eterno; a un niño de comprar chucherías si se porta bien o se come toda la sopa. Compromiso, en cambio, es el que se contrae mediante firma al pie de un documento hipotecario. En el primer caso la promesa, de no cumplirse, a nada obliga. Se salda con la vergüenza derivada de la falta de palabra de quien la hace. Pero en el segundo, es bien posible que nos cueste la vivienda, de no responder a los pagos contratados. La diferencia es evidente, en un caso se trata de palabras que el viento se lleva sin más y en el otro, el compromiso se plasma en un contrato del que, de no respetarse, se desprenderán serias consecuencias.
Pues bien, promesas y no compromisos es lo que nos ofrecen las EPs en forma de programa electoral (!); estas se sustancian en trípticos repletos de deseos, ensoñaciones, anhelos o, demasiado a menudo, burdas y vergonzosas propuestas onanistas —pajas mentales— que en cualquier otro ámbito provocarían vergüenza ajena. Como todos contienen una sarta de mentiras o vaguedades que a nada comprometen, nadie los lee. Y, sin embargo, ¡es eso lo que votamos! Ni más ni menos.
Convocatoria tras convocatoria acabamos comprando aquello que nos abochornaba en campaña: candidatos sulfatando olivos, escuchando a una vaca como oráculo, cantando delirantes canciones a voz en cuello, abrazando niños y abuelas, y, en general, dándose costosísimos baños de masas a costa del erario público —es imposible que la cuota de afiliado a la EP sufrague las costosísimas campañas en que estas se embarcan— mientras son aplaudidos por votantes complacidos sin ningún sentido crítico... En suma, un descomunal delirio psicodélico, si no fuera tan real. Todo ello, sin reparar en las consecuencias que de ahí se derivan: la poderosísima e irrevocable —ya se dijo— legitimidad que los “mentirosos” alcanzan, en base a una sarta de patrañas sin cuento.
Se menciona el coste de las campañas, no sin motivo: estas representan la clave de bóveda que sostiene todo el edificio electoral, la que lleva a la legitimidad y al ejercicio del poder, en consecuencia. Sin una buena campaña las EPs están abocadas al fracaso. No lograrán excitar las emociones de su potencial electorado, pues, por extraño que resulte, votamos con el corazón y no con la razón. Pero esa soberbia puesta en escena —desplazamientos, hoteles, alquiler de recintos, presencia en los medios, debates, contrato de empresas demoscópicas, cartelería, etcétera— precisa de enormes sumas de dinero que la asignación presupuestaria por escaño en el Congreso, no cubre —de obtener mayoría absoluta, una EP ingresaría 176X21.167€=3.725.392€, de acuerdo con la ley orgánica 8/2007 sobre la financiación de los partidos políticos, cantidad ridícula para sufragar el coste de inversión tan magnífica y, sin embargo, necesaria—. Sin esa apuesta una EP nace muerta: nadie compra —vota— ideas si estas no van envueltas en brillante celofán mediático.
Pero ¿de dónde procede entonces el dinero necesario para sufragar el coste de las colosales campañas? Si admitimos que la cuota de afiliado no alcanza y la asignación desde los Presupuestos Generales del Estado no basta, y aun comprendiendo que puedan existir otras fuentes legales de financiación de las EPs, no es descabellado suponer que bancos y grandes empresas —futuras adjudicatarias de contratos públicos— puedan estar detrás de la deuda que aquellas contraen para concurrir a las elecciones con garantía de éxito. Las EPs ligarán entonces el destino del gobierno a servir antes a quien lo facilita —bancos y empresas— que a quien lo posibilita —los ciudadanos—, quedando de ese modo comprometidas no con quien deben, sino con quien pueden.
Desengañémonos: los ciudadanos no somos la prioridad de las EPs; no la primera, al menos.
Propuestas:
1. Obligar a que las EPs digan la Verdad. No como planteamiento inocente, cándido, buenista o confiado, sino mediante obligación contractual.
2. De ese modo, las propuestas de las distintas EPs quedarán recogidas en aquellos trípticos o documentos que son ofrecidos a los electores como programa, depositados ante notario, tal y como se hace con cualquier contrato en el ámbito comercial o empresarial. Quedarán así a la espera de su revisión posterior por el resto de fuerzas políticas, colectivos de ciudadanos u organismos independientes, a fin de conocer en qué medida el gobierno saliente ha puesto en práctica aquello a que se comprometió en campaña.
3. La finalidad de esa supervisión será el premio o la sanción —sabido es que también los electores sancionamos o premiamos cuando emitimos nuestro voto; el inconveniente es que la memoria personal es frágil: de una convocatoria a la siguiente acostumbramos a olvidar y las EPs consiguen embaucarnos de nuevo— de aquello a que se comprometió el gobierno a través de las EPs que lo conforman y lo que finalmente se llevó a cabo. Conocer en qué porcentaje o cuál es el grado de desvío entre lo comprometido y lo ejecutado, para, posteriormente, repartir la responsabilidad entre los integrantes del gobierno en forma de futuros votos.
4. Dicha sanción —o premio— deberá acudir al patrimonio de cada fuerza política —no al personal, el de cada integrante; eso sería imposible de legislar —. Tal patrimonio no es otra cosa que la credibilidad, la confianza que es capaz de generar cada EP entre sus potenciales votantes. Esa credibilidad o confianza no es etérea, intangible, se traduce en votos bien reales, susceptibles de ganarse o perderse. Si no se cumple, la confianza decrece y entonces la EP será sancionada; si se cumple, la credibilidad aumenta y en este caso será premiada.
5. Si una fuerza política parte, de cara a una convocatoria electoral, con cuarenta, sesenta u ochenta mil votos de penalización por haber incumplido los compromisos electorales adquiridos en una convocatoria precedente, se cuidará muy mucho de llevar a la próxima convocatoria propuestas veraces, realistas y asumibles. Le convendrá, so pena de enfrentarse a una sangría de votos que la lleven a desaparecer como tal.
6. Podría darse el caso de que determinada EP encadene, tras sucesivas convocatorias electorales, pérdidas sustanciales de votos que la aboquen a su desaparición por pérdida de confianza. Es más, tal situación se da a menudo, salvo que queda a criterio de la EP desaparecer o no (Ciudadanos, UPyD, Podemos o Sumar son ejemplos palmarios, algunos recientes, de pérdida de confianza; unas se han disuelto, otras permanecen). Del modo que se propone, si una EP no alcanza un umbral mínimo de votos —de confianza, de credibilidad tangible (la sola ilusión de sus integrantes no debería ser suficiente para continuar)—, ya sea por no contar con la suficiente fe depositada en los electores, o bien por acumular sanciones a esa esperanza expresada en votos, quedará igualmente abocada a la desaparición. La diferencia entre el modelo precedente y el que se propone, es que no será decisión de los integrantes de la EP la desaparición o no, sino el resultado de un acúmulo —numérico, mensurable— de pérdida de credibilidad.
Por servirnos de un ejemplo cercano y que todo el mundo comprende, la dinámica sancionadora no es original en absoluto, se aplica en el fútbol desde hace décadas. Así, si un jugador comete una falta se le sanciona con tarjeta amarilla, si comete dos se le aplica una tarjeta roja y se le expulsa del partido; si acumula tarjetas en encuentros sucesivos se le priva de disputar encuentros futuros. Es más, en los últimos años se ha incorporado la herramienta VAR, la que permite revisar una jugada en directo por si al árbitro o a los jueces de línea se les ha escapado una posible falta. Luego, revisión y sanción están a la orden del día, salvo que en otros ámbitos, no en el de la política, bastante más transversal.
7. Las propuestas de las EPs habrían de ser limitadas, realistas y numeradas por orden de prioridad desde cada fuerza política, a fin de agilizar y facilitar más adelante los pactos de gobierno: a determinado número de escaños corresponderá determinado número de propuestas a incluir en el ejecutivo entrante.
No tendría sentido el “peso específico” de escaños, el que da o quita gobiernos en función la necesidad para alcanzar el número mínimo y no tener que repetir convocatoria electoral: a un bajo número de escaños corresponderá una baja representación y viceversa. De otro modo se propicia la “extorsión” que supone alcanzar el poder sin el necesario respaldo en votos. Ejemplos recientes: el pacto con Junts —¡7 escaños! — en la legislatura que ahora termina, ilustra con claridad lo que se propone; lo mismo en el gobierno anterior: la vicepresidencia obtenida por Podemos, contando con un número significativamente más bajo de escaños que los aportados por el Partido Socialista; si se llegó a un acuerdo de gobierno fue por no reiterar la convocatoria electoral, pues ya se venía de una repetición electoral.
8. Si hay propuestas similares entre las diferentes EPs, a la hora de ponerlas en práctica, estas se tomarán de la lista de una u otra fuerza política y se correrá la lista de la que no aporta para que pueda añadir también las suyas; así se hará hasta agotar el número de las que corresponden a cada EP por número de votantes.
9. Los pactos de gobierno se llevarán a cabo a la luz del día —es decir, con transparencia—, no en despachos o sedes opacos a la prensa y la ciudadanía. Después de todo, nada de lo que no figure en los programas, numerado en orden de prioridad decreciente, podrá llegar a pactarse. No hay pues, motivo para ocultarlos.
Dichos pactos deben resolverse en un tiempo mínimo, limitado —conocidos de antemano los inamovibles términos —figurarían ya en el programa electoral, ordenados—, una semana laboral habría de ser más que suficiente—. Pues, si no se resuelven de inmediato, dan pie a aberraciones como las vistas en las elecciones autonómicas del pasado 2025-2026: los pactos para formar gobierno en Extremadura quedaron supeditados a lo que ocurriese en las elecciones en Aragón, y estos a lo que ocurriese en las elecciones en Castilla-León, por coincidir en el mismo período convocatoria electoral y pactos de gobierno en las distintas comunidades autónomas.
10. Un nuevo aspecto a tener en cuenta: Las CC.AA deben ser autónomas, también de facto. No quedar supeditadas a lo que digan desde la sede central de las EPs en Madrid. De la manera en que se conducen en la actualidad, lo que pasa —en términos electorales — en una acaba por influir en el resto, debido a la mediación de las sedes centrales. Las Comunidades niegan así la mayor, no son autónomas.
11. No podrán ocultarse por ley información, acuerdos o proyectos a la ciudadanía con intención de llevarlos a cabo o ponerlos en práctica una vez alcanzado el poder. Como consecuencia, aquello que no figure en el programa electoral y no quede reflejado en la correspondiente acta notarial, no podrá implementarse en la legislatura saliente.
12. Cierto es que los gobiernos se forman —cuando no se dispone de mayorías absolutas— mediante pactos entre fuerzas políticas afines. Dado que las diferentes formaciones políticas que acceden al gobierno lo hacen por voluntad propia —atendiendo a sus intereses o al de sus representados— y sin que nadie las obligue a ello, asumen como una única entidad la gobernanza de la nación; una vez constituido, tienen por tanto la misma responsabilidad, y quedarán sujetas a los perjuicios y beneficios derivados de ello: la confianza o desconfianza que puedan generar, de cara a un futuro electoral siempre próximo, que se sustanciará en votos. De manera que, en base a un porcentaje fijado por ley de consecución de objetivos marcados al inicio de la legislatura, así se perderán o ganarán parte de los votos de cara a la convocatoria siguiente.
Ejemplo: si el aprobado en el objetivo de gobierno se fija en el 80% —objetivo susceptible de ajustarse al alza o a la baja en campañas posteriores en función de las circunstancias sociales, económicas, coyunturales, etcétera; igual a como se hace en las empresas con los objetivos para el año en curso, tratando de que estos sean más ambiciosos o contenidos a tenor de circunstancias siempre cambiantes—, de alcanzarse, todas las EPs que forman parte del ejecutivo saliente recibirán, en proporción al número de escaños que aportaron al gobierno que dejan, el número de votos que por ley se establezca en concepto de logro de objetivos alcanzados —verdaderos, realistas, consensuados— como premio al buen hacer de ese gobierno. En caso contrario, de no obtenerse el aprobado, igualmente se establecerá por ley el número de votos de menos con que ha de partir cada EP, de cara a una posterior convocatoria electoral; de nuevo prorrateados al número de escaños que aportaron al ejecutivo saliente.
13. Se acudirá a las urnas para elegir a las fuerzas políticas afines a la ideología de cada cual, es decir,
a. se votará; pero, además, habrá de responderse las dos cuestiones siguientes:
b. ¿En qué grado, valorado de 1 a 10, considera usted que las fuerzas políticas que han formado parte del gobierno anterior han alcanzado los objetivos comprometidos en campaña?
c. ¿En qué grado, valorado de 1 a 10, considera usted que las fuerzas de oposición al gobierno anterior han llevado a cabo un trabajo constructivo, honesto, leal y realista?
Es la fórmula para repartir aquellos votos que pierde el gobierno saliente en favor de la oposición, siempre que esta alcance un resultado favorable, también, en el trabajo opositor: no basta con hacer una oposición destructiva o canallesca con el fin de alcanzar el poder a cualquier precio; se ha de trabajar por lograr el consenso.
14. Considero firmemente que el voto ha de ser obligatorio. Salvo razón de fuerza mayor, se ha de acudir a votar bajo pena de sanción. Lo justifico en el hecho de que el ciudadano, por el simple hecho de serlo, recibe del Estado unos beneficios inconmensurables e insuficientemente valorados: sanidad, justicia, educación, nacionalidad, etcétera ; los recibe incluso antes de haber nacido, de tener un nombre o filiación (en la cuarta acepción del diccionario de la RAE); por el simple hecho de haber “sido” nacido en España —uno no nace “en”, lo nacen “en”; no es mérito del nacido, si acaso de los padres, quienes eligen ese lugar para tener a su hijo—. Basta con que uno de los padres sea español para que él hijo lo sea también y adquiera la ciudadanía —con los beneficios que de ella se derivan— nada más nacer. Es por esa razón que ha de devolver, al menos con su participación en las elecciones, el amparo que el Estado le brinda.
15. Debería recuperarse el voto de la inmigración (ausente) y transferirlo a los inmigrantes (presentes), verdaderos conocedores de la realidad social del país en el que viven. Los nietos de inmigrantes —ya sea mediante el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) o mediante cualquier otra fórmula que permita a una persona no residente en España durante largos períodos (de por vida, incluso)— no deberían participar en las elecciones de nuestro país, pues desconocen de una realidad social que, sin embargo, contribuyen a condicionar con su voto. En cambio, a quienes residen y trabajan en España, aun no teniendo la nacionalidad del país al que contribuyen a mejorar con su trabajo y nacimientos (la natalidad es un problema capital), se les niega el voto, la opinión. Un nuevo ejemplo futbolístico: el partido España-Cabo Verde del pasado Mundial, se vivió en Burela (Lugo) con el corazón dividido, pues el 10% de residentes en esa esa localidad de La Mariña lucense es de origen caboverdiano. Una población de 10.000 habitantes que, por otra parte, alcanza ya las 51 nacionalidades, la mayoría de las cuales carece del derecho al voto.
Estas pretenden ser sólo algunas ideas —seguro que con tremendos errores de bulto, incongruencias y, sobre todo, gran recorrido de mejora— expresadas con el corazón y con ánimo de influir en una realidad francamente mejorable.
Necesariamente, habría de ser un poder ejecutivo valiente, una vez formado gobierno, el encargado de llevar al Congreso esta u otra propuesta de características similares, quedando sujeta a aprobación en el Parlamento. Propuesta difícil de asumir en un principio, con carácter de aplicación inmediata en las siguientes elecciones —un período generoso, por lo general de cuatro años, con recorrido suficiente para ajustar y poner al día los cambios mencionados— que actuaría como correa de transmisión y cambio de paradigma.
Consecuencias derivadas:
1. Los ciudadanos leeríamos la oferta de las EPs —no tendrían más opción que decir verdad— y contrastaríamos esas propuestas con criterio cierto.
2. Por la cuenta que nos trae, acudiríamos a la convocatoria —mítines, espacios televisivos, radiofónicos, redes sociales, etcétera— de EPs diferentes a nuestras simpatías políticas, pues tal vez llevasen, entre las suyas, propuestas susceptibles de caer dentro de nuestras necesidades, que no emociones.
3. Nos ahorraríamos la bochornosa puesta en escena de los pactos para formar gobierno —algo que, si no lo es ya, se parece bastante a la prostitución—: lo que no figurase en los programas electorales, no podría acordarse en esos encuentros. Matemática: los votos obtenidos se corresponderían con el número de propuestas susceptibles de ponerse en práctica, las que figurasen a la vista del programa electoral, numeradas de mayor a menor prioridad y en orden de preferencia para cada EP.
4. Los pactos se resolverían así en cuestión de días —un mero intercambio de propuestas en base a un criterio matemático— y el ejecutivo estaría en condiciones de ponerse a trabajar de inmediato. No como en la actualidad, cuando los pactos para formar gobierno se dilatan meses y se llevan a cabo de espaldas a la ciudadanía que los propició.
5. Al ser el voto obligatorio, los índices de participación no serían moneda de cambio entre EPs. La opinión del conjunto de la ciudadanía siempre estará recogida en las urnas.
6. Si se penaliza la promesa vacía y se ofrece a los votantes aquello que, en circunstancias normales, se esté en condiciones de cumplir, los electores acudiremos a las urnas con sentido constructivo. Dejará de tener sentido el “voto útil”, el acudir a votar “con la nariz tapada” o elegir “al menos malo”, pues es mucho lo que nos jugamos para dejarlo sólo en manos de los políticos.
7. De permitir el voto inmigrante, este recogería fielmente la realidad social de un país que ahora excluye al colectivo, a pesar de que lo necesita con apremio.
Por supuesto, la que se propone no es más que una idea, un apunte; la semilla de un borrador hacia el que —considero— habría de dirigirse el golpe de timón que podría contribuir a cambiar las cosas desde el impulso ciudadano. Pero, para ponerla en práctica, habría de contar con el trabajo de legisladores y técnicos —verdaderos conocedores de las herramientas y su encaje en los mecanismos del Estado—, quienes elaborarían las bases y normas que regularían su aplicación. El reto está en conseguir que esta o propuestas similares, lleguen siquiera a considerarse.
Y, si con la verdad en la mano, acabamos por votar a quienes no debemos y estos nos conducen al desastre (también lo menciona Elvira en su artículo: “aquellos que cedieron el sillón a Hitler pensaron, ingenuamente, que lo controlarían; ni los zares ni la monarquía francesa olieron el aliento de la revolución), al menos nos quedará el consuelo de saber que no hemos sido engañados, que si optamos por la peor opción de entre todas las posibles, fue por necedad y no por ignorancia.
Si la mentira admitida hasta ahora, y difundida por medios convencionales de origen humano ha conseguido el efecto que venimos soportando, no queramos saber lo que traerán consigo los algoritmos de IA desarrollados con la misma finalidad: el engaño. La suplantación de identidad, la falsificación de voz, la presencia o ausencia ficticia de una persona en determinado lugar, las noticias fraudulentas, la creación de estados de opinión favorable o desfavorable…y un inmenso sinfín de posibilidades que no acertamos siquiera a imaginar, estarán a la orden del día y al servicio de un poder sin control. Demasiado a menudo, al servicio del mal, como en las peores pesadillas distópicas a las que ni siquiera la ficción es todavía capaz de asomarse. Sirva un ejemplo, este de origen bien humano:
En el momento de escribir estas líneas se nos informa de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conocía, a través de una conversación telefónica mantenida con un ministro de Emiratos Árabes, de 45 minutos de duración, la inminencia del ataque perpetrado por la banda terrorista Hamás el 7 de octubre de 2024. Y, aun sabiéndolo, no hizo nada por evitar la muerte de 766 civiles (36 de ellos menores) y 373 militares. Como represalia, autorizó y comandado un genocidio contra el pueblo palestino cifrado, en mayo de 2026, en 73.000 personas, muchas de ellas niños.”
En términos de engaño y manipulación y tras 3.500 años de historia, estamos todavía en el jardín de infancia de la Humanidad. La corrupción existía ya en los albores de la democracia occidental implementada por Clístenes y Pericles —este último, invirtió un dinero que no le pertenecía, el de La Liga de Delos, de la que Atenas era sólo depositaria y custodia, en levantar la Acrópolis; y por más que nos gusten incluso sus ruinas, hemos de convenir que aquel político no actuó honestamente—. Manipulación y engaño llevan entre nosotros desde entonces, nada hace pensar que vayan a desaparecer. Al contrario, las nuevas herramientas digitales desarrolladas por las tecnocracias de todo el mundo, comprometen seriamente el futuro del planeta —nuestra única casa— como bien advertía Elvira Lindo en su columna y antes Timothy Garton Ash en su extenso y esclarecedor artículo: ¡Ojala no tengamos que asistir a una Hiroshima de la IA para cambiar el rumbo de nuestro destino!
Personalmente, no encuentro otra salida que el empeño en la Verdad, pues como cantaba Patti Smith, “People have the power”. ¡Que las EPs no nos roben la voz y desvirtúen la democracia desde dentro!
Nota: El artículo de opinión —¿Tiene usted miedo?— al que se refiere esta entrada, fue publicado en el periódico El País el 6 de septiembre de 2026. Dicho árticulo se apoyaba en otro de Timothy Garton Ash —¿Nos encaminamos a una Hiroshima de la IA?— , escrito en el mismo periódico, y donde expresaba sus temores acerca del desarrollo de una inteligencia artificial sin el control de los Estados.
(1) Cuando se habla de Empresas Políticas se hace de forma deliberada y por oposición a la expresión Partidos Políticos, que ya nada aclara; pues hace tiempo que estos, lo mismo que las empresas, se sirven del poder e influencia obtenidos en las urnas, el que deberían utilizar para mejorar las condiciones de vida de la gente, en beneficio de las formaciones políticas como entidad, de los miembros pertenecientes a ellas o de los ámbitos de influencia afines: basta seguir la actualidad o una sesión de control al gobierno para corroborar lo escrito. Y si es el beneficio y no la vocación de servicio público, con el que tan a menudo se llenan la boca sus integrantes, el que mueve sus intereses, entonces sólo difieren de las empresas en que estas buscan, en general y en exclusiva, el beneficio económico. En ocasiones, también los políticos buscan el beneficio económico (a los casos de corrupción me remito), aunque, por fortuna, no es norma; pero, no es menos cierto que la vanidad o la ambición en el ejercicio del poder son, demasiado a menudo, poderosísimas palancas motivadoras; y aunque no constituyan motivo de delito, desvían de la que debería ser su función principal, el servicio público.
De otro modo, los políticos atenderían, con absoluta prioridad, los problemas que de veras nos inquietan y forman parte indisociable de nuestro día a día: la vivienda (la falta de alojamiento, tanto en alquiler como en propiedad, es acuciante), el empleo (precario, temporal y mal pagado), la sanidad (la ministra del ramo tiene al colectivo médico en huelga desde hace año y medio, siendo ella misma, anestesista de profesión), la educación (el informe PISA 2026 revela los peores datos en décadas; los profesores en Cataluña cortan el AVE o los accesos a las grandes ciudades en demanda de mejoras en la calidad de la enseñanza, no solamente económicas)...y así un largo etcétera. No prestarían tanta atención a nacionalismos y federalismos, reparto de beneficios fiscales o encontrar al culpable de los accidentes ferroviarios, los incendios o los desastres climáticos en un ejercicio de patriotismo mal entendido. En definitiva, como apuntaba El Roto, les pagamos para que resuelvan nuestros problemas, no para que nos cuenten los suyos.
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